Expusados desde EE.UU abordan un vuelo hacia sus lugares de origen.
Las detenciones y deportaciones de inmigrantes alcanzaron su punto mínimo en décadas por los cambios provisionales de políticas ordenados por el Gobierno de Joe Biden.
En abril se registraron 2,962 deportaciones, bajando por primera vez en la historia de la agencia federal de las 3,000, según informó el diario The Washington Post.
Esta cifras supone una media de un arresto cada dos meses por trabajador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una tendecia que alimenta el argumento de su el trabajo de los agentes perdió sentido. Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos prepara cambios significativos.
La administración Biden publicará esta semana su primera solicitud de presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras activistas presionan para que se clausuren más centros de detención, después del anuncio de la semana pasada del cierre de dos prisiones en Georgia y Massachusetts denunciadas por abusos.
“El cierre de centros de detención es un punto de partida para terminar con la criminalización masiva y el encarcelamiento de inmigrantes”. Alejandro Mayorkas, Sec. de Seguridad Nacional de EE.UU.
Cambios.
Biden en varias ocaciones ha dicho que no quiere eliminar la agencia, así mismo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que tampoco quiere reducir su personal y financiación, pero con una última evaluación podría cambiar la naturaleza de ICE. “Estoy centrado en que se convierta en una agencia de seguridad nacional y de aplicación de la ley de primer orden”, explicó el funcionario.
Las nuevas directrices definitivas estarán listas en breve, según Mayorkas, que anticipa “cambios significativos”.
Mayorkas emitió en febrero unas nuevas directrices temporales sobre arrestos y deportaciones, para centrar los operativos de ICE en los inmigrantes que suponen un riesgo para la seguridad nacional, en aquellos que han cometido delitos graves, y en los que cruzaron la frontera, para ese momento, hacía menos de cuatro meses. Las nuevas directrices de ICE definen qué casos son considerados una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública. Estados como Arizona y Montana, llevaron ante la justicia a la Administración federal para bloquear esas nuevas directrices que limitan el arresto de indocumentados.